EL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN MANOS DE LAS MUJERES

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (de sus siglas en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), se fundó el 16 de noviembre de 1945, está conformada por 195 países, incluida Bolivia. Su misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información; está centrada particularmente en dos grandes prioridades: África y la igualdad entre hombres y mujeres.

Para la segunda prioridad la UNESCO propone un Plan de Acción a ser implementado en el periodo 2014-2021[1]. Uno de los objetivos estratégicos de este Plan es “velar por la libertad de expresión de todos, independientemente de su sexo u otra identidad social, y apoyar el desarrollo de medios de comunicación que tiendan a transformar las relaciones entre mujeres y hombres” (UNESCO, 2014, p. 15).

La igualdad de género para la UNESCO significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños.  Una de las formas para alcanzar esta igualdad de oportunidades de crecimiento personal y prosperidad en los ámbitos social, político, económico y cultural es el acceso a la información y el conocimiento.

La UNESCO propone la preservación de la información y el conocimiento, mediante la denominadas   TIC “Tecnologías de Información y Comunicación” y  la promoción de la libertad de expresión, de prensa y  de información, empoderando a las mujeres en los medios de comunicación.

Ahora demos un vistazo al avance de Bolivia en cuanto a ciertos indicadores que nos permitan ver cómo nos encontramos en cuanto al avance del conocimiento y las TICs. Según el Instituto Nacional de Estadística el 5,5% de personas de 15 o más años de edad es analfabeta, es decir, cinco de cada 100 personas no sabe leer ni escribir, esta tasa disminuyó en 7,8 puntos porcentuales entre los censos 2001 y 2012.

La diferencia o brecha en la Tasa de Analfabetismo entre hombres y mujeres en el Censo 2001 era de 12,4 puntos porcentuales y disminuyó en el Censo 2012 a 5,23 puntos porcentuales, es decir que hay menos mujeres analfabetas en Bolivia, aunque la brecha persiste.

En cuanto a los años promedio de estudio para las personas de 19 años y más, según los datos del CNPV 2012, es de 9,4 años. La diferencia existente entre los años promedio de estudio para hombres y mujeres fue de 1,1 años, lo que presenta relativa equidad en la educación entre ambos sexos.

Con relación al nivel de instrucción, en el Censo 2012, el nivel de instrucción más alto alcanzado de hombres y mujeres de 19 años o más fue Secundaria con 41,1%, a diferencia del Censo 2001 que fue Primaria con 36,9%. No hay duda en que existen avances significativos; sin embargo, las brechas persisten, tanto entre hombres y mujeres, como en las áreas urbanas y rurales.

Con relación a las TICs los datos del CNPV 2012 revelan que el 9,4% de los bolivianos tiene una  conexión a internet en su vivienda y el 23,3 por ciento tiene acceso a la computadora. No obstante, datos del Banco Mundial estiman que en 2013 más del 39 por ciento de la población accede al internet, cifra superior al 2009 cuando el alcance era de 16,8%.

El acceso al internet desde dispositivos móviles (celulares) abre una gran posibilidad para incorporar al colectivo boliviano a la era de la información. Según la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes, el número de teléfonos celulares activos en Bolivia alcanza una cifra actual de 9,495 millones (94% de población). El 2006, solo dos de cada 10 habitantes tenían un celular.

Si bien el acceso a la educación formal y las TICs son un elemento necesario en la búsqueda de la igualdad de oportunidades de género, el objetivo ulterior es que se conviertan en un medio para difundir materiales de capacitación relativos a cuestiones de desarrollo sostenible e igualdad de género, ello será reforzado a través del empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación.

Bibliografía

UNESCO. (2014). Plan de acción de la UNESCO para la prioridad “igualdad de género” – 2014–2021. Paris, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÌSTICA (2014). Boletín Nº 48, “Analfabetismo en Bolivia se redujo en 7,8% y alcanza a 5,5%”.

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[1] El primer Plan de Acción para la prioridad “Igualdad entre hombres y mujeres”  abarcó el periodo 2008-2013.

AVANCES DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN BOLIVIA

 “Nos encontramos en un momento político, económico y social de gran oportunidad para la operativización efectiva de la igualdad en las organizaciones y sus actuaciones” (Kideitu, 2007, p. 27), en el cual la temática de la igualdad de género está presente en las agendas de la mayoría de los países.

En Bolivia, los enunciados constitucionales de protección a la mujer son operatividades por los distintos niveles de gobierno; en el nivel Central, el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de formular políticas y normas para garantizar el acceso de las mujeres a la salud, educación, información, espacios políticos y a la justicia, así como de proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y normas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tarea que es operativizada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. En el nivel territorial, Gobernaciones y Municipios los proyectos y políticas en favor de la mujer se ejecutan a través de los “Servicios Departamentales de Gestión Social” y los denominados “Servicios Legales Integrales”, respectivamente.

Los índices de violencia intrafamiliar y el conocido caso del asesinato de la periodista “Hanalí Huaycho” ocasionaron una gran conmoción social que derivó en la Ley N° 348, Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia, promulgada en fecha 09 de marzo de 2013, norma que establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

En el marco de la precitada norma y para garantizar la asignación de recursos públicos en favor de la mujer, el Decreto Supremo N° 2145 de 14 de octubre de 2014 determina porcentajes mínimos de asignación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para la construcción, equipamiento y funcionamiento de las casas de acogida y refugios temporales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes por parte de los Gobiernos Autónomos Departamentales, e infraestructura, equipamiento y funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales.

El efecto inmediato de este nuevo marco normativo ha sido la mayor asignación de recursos públicos en políticas de protección, justicia y búsqueda de igualdad de oportunidades para las mujeres como se muestra en los siguientes cuadros:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales el efecto ha sido mayor, puesto que ha posibilitado la creación de un programa específico para esta temática, denominado “DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER”. Cabe aclarar que en gestiones anteriores al 2015 los pocos recursos que se asignaban eran contemplados dentro del Programa 42, denominado “Desarrollo de la Gestión Social”. A continuación se muestra esta asignación de recursos.

Sin duda hay un camino largo por recorrer, y “no existen recetas estándar o propuestas procedimentales únicas y uniformes” (Kideitu, 2007, p. 27), se ha comenzado por penalizar el maltrato, empero el horizonte inmediato deberá ser incorporar la temática de igualdad de género en todos y cada uno de los programas y proyectos públicos, que comience en el diseño mismo de éstos.

Bibliografía

Kideitu. (2007). Pautas y pistas para la incorporación del enfoque de género en cada fase del ciclo de proyecto. (p. 27). Guía para la incorporación del enfoque de género en los proyectos de empleo y formación. Aprendiendo de la experiencia. Editorial Presencia.

¿LA FAMILIA O EL TRABAJO, QUÉ ES LO IMPORTANTE?

Nuestras abuelas solían decir que una buena mujer es aquella a la que le guste el orden, la limpieza y sobretodo que domine los artes culinarios; ello le permitiría realizarse como madre y mujer, anteponiendo su rol reproductor. El estudio y el trabajo eran reservados para los varones quienes tendrían la responsabilidad de proveer el alimento para el hogar.

Estos roles asignados a hombres y mujeres permitirán asegurar su reproducción y mejorar las condiciones de vida, tanto propias como de sus familias; empero los tiempos han cambiado. Hoy la mujer ha irrumpido el mercado laboral, no solo porque tiene posibilidades de educarse, si no porque ha demostrado la capacidad de asumir grandes responsabilidades en las distintas esferas de la sociedad.

En Bolivia este proceso avanza a paso lento, las brechas se agrandan entre esferas urbanas y rurales, “las relaciones de género actualmente vigentes… asignan a las mujeres la responsabilidad del cuidado en el seno de las familias y de las comunidades, las modalidades de inserción laboral de las mujeres dependen de las alternativas de conciliación de las actividades de cuidado, las cuales se estructuran a partir de la distribución del trabajo de cuidado al interior de las familias y de la existencia y accesibilidad de servicios públicos y privados de atención a niños y ancianos (Wanderley, 2008, p. 149).

Las mujeres que trabajan, siguen teniendo a su cargo la administración del hogar y el cuidado de los hijos, esforzada labor que representa un sacrificio; asimismo,  persiste el problema de la calidad del empleo de las mujeres, los altos puestos están reservados para los hombres.

En este contexto, unas de las primeras medidas que debe asumir el Estado  es visualizar y valorizar el trabajo doméstico, lo ideal sería que sea cuantificado e incorporado en el Producto Interno Bruto; tarea que no es tan compleja considerando que en la actualidad muchas mujeres venden su fuerza laboral como trabajadoras del hogar, por tanto existen precios de mercado.

Otro aspecto relevante es la promoción de la división de responsabilidades entre hombres y mujeres con responsabilidades familiares; se debe concientizar a que la administración del hogar es una tarea compartida, no exclusiva de las mujeres, al igual que la crianza de los hijos.

De igual manera, y en armonía con los preceptos constitucionales, debe avanzarse en la protección social, “la mayoría de los y las trabajadoras en América Latina y, en específico en Bolivia, no cuentan con ningún mecanismo de protección social. Las mujeres son las principales afectadas por esta situación debido a las modalidades de inserción ocupacional en trabajos menos estables”. (Wanderley, 2008, p. 151).

La protección social del Estado debe orientarse a combatir las causas de las desigualdad y desequilibrios sociales, así como a hacer frente a sus efectos. En Europa existen tres modelos que orientan el accionar público: régimen liberal que deriva del compromiso político de minimizar el Estado, individualizar los riesgos y fomentar el mercado; el régimen conservador que se estructura sobre los principios corporativista en los sistemas de seguridad social y el familiarismo; el régimen social demócrata que se caracteriza por el universalismo de sus políticas sociales (todos tienen los mismos derechos y  subsidios) y por una cobertura pública del riesgo.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado, establece que el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando su inamovilidad laboral cuando se encuentren en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad[1].

Sin duda la familia y el trabajo son importantes para garantizar la reproducción misma de la sociedad, en esta labor hombres y mujeres deben compartir iguales responsabilidades; proceso que debe ser acompañado por una política estatal que procure la protección social.

Bibliografìa

Wanderley, F. (2008). Género, etnicidad y trabajo en Bolivia. Revista Umbrales No. 18. La Paz, Bolivia: Plural editores CIDES – UMSA.

Dirección de Planificación e Inversión. (2011). Guía metodológica para la transversalización de los enfoques de interculturalidad y género en la formulación de los proyectos. Ministerio del Ambiente: Ecuador.

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[1] Artículo 48 de la Constitución Política del Estado